La tensión estalló en la Cineteca Nacional.
Trabajadoras y trabajadores de las tres sedes denunciaron públicamente un deterioro sostenido en sus condiciones laborales y acusaron a las autoridades de responder con promesas imprecisas, argumentos burocráticos y soluciones parciales que no resuelven el problema de fondo.
El conflicto se intensificó tras una reunión sostenida el 9 de febrero con autoridades de la institución y de la Secretaría de Cultura. En ella se prometió el pago de adeudos correspondientes a enero y la autorización de contratos por honorarios para febrero y marzo. Sin embargo, no se ofreció claridad sobre las contrataciones del resto del año ni garantías de estabilidad laboral. Para el personal, el mensaje fue claro: la incertidumbre continúa.
La situación no es nueva.
Una parte significativa del equipo opera bajo el esquema de “Servicios Profesionales”, vinculado al llamado Capítulo 3000, una modalidad de contratación sin relación laboral formal que, aunque legal en términos administrativos, no reconoce plenamente derechos como seguridad social, estabilidad ni prestaciones. A pesar de que desempeñan funciones permanentes y asumen responsabilidades propias de cualquier trabajador, su estatus contractual los coloca en una posición vulnerable.
Entre las principales exigencias destacan: contratos con jornadas de 40 horas y dos días de descanso, prestaciones de ley, basificación o contratos de largo plazo, transparencia en la asignación salarial, comunicación institucional efectiva y una renivelación de sueldos. También denuncian salarios por debajo de los 9 mil pesos mensuales en algunas áreas, falta de servicio médico, carencias de equipo especializado en Acervos y deterioro en instalaciones y mobiliario.
El área de Salas —una de las que más ingresos genera para la institución— es señalada como una de las más afectadas: bajos salarios, escasos días de descanso y nulas vacaciones. Trabajadores de Dulcería y Cafetería también reportan presiones, prácticas pasivo-agresivas y un clima laboral adverso. A esto se suman denuncias de hostigamiento y advertencias informales que condicionan la permanencia laboral de quienes participen en las manifestaciones.
El 14 de febrero convocaron a un paro simbólico y a una manifestación pacífica. Aseguran que no se trata de un acto aislado, sino de un llamado urgente para frenar la normalización de esquemas precarios que afectan no sólo a la Cineteca, sino a diversas instituciones culturales del país.
“Si somos trabajadores, exigimos ser reconocidos como tales”
. Para el colectivo, la dignidad laboral no puede depender de discursos institucionales ni quedar supeditada a trámites administrativos. La memoria cinematográfica que la Cineteca preserva —afirman— también se construye con el trabajo de quienes la sostienen día a día.
La exigencia es contundente: regularización, estabilidad y respeto. Porque, advierten, no se puede hablar de cultura, pensamiento crítico y memoria colectiva mientras quienes la hacen posible trabajan sin certeza laboral.
